HERMOSILLO, Son., julio 01, 2009 (LA PRENSA).- Los propietarios oficiales de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, ABC, se encuentran entre los nueve consignados por el Ministerio Público Federal ante el Juzgado Primero de Distrito por la tragedia del pasado 5 de junio, trascendió hoy aquí.

Aunque no fue confirmado por una fuente oficial, se maneja con insistencia que entre los nuevos indiciados (ya había consignado a cinco personas la PGR) se encuentran los tres socios que aparecen en la razón social de la estancia infantil. Ellos son Gildardo Urquídez Serrano, Sandra Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala, esposa del presidente, Felipe Calderón.

Sin embargo, ésta última aparentemente se encuentra en Canadá.

Además de los socios, se menciona que se encuentran entre los consignados Alfonso Escalante Hoffer, ex subsecretario de Ganadería del estado y esposo de Téllez Nieves, así como Antonio Salido Suárez, esposo de Gómez Del Campo Tonella.

TRAMITAN SUSPENSIÓN DEFINITIVA

Los dueños de la guardería ABC tramitan un amparo, pero este miércoles el abogado que los representa no acudió al Juzgado Décimo de Distrito a la audiencia incidental. En cambio sí asistieron a ese órgano de justicia un grupo de padres de niños que murieron en la tragedia del cinco de junio, con el objeto de impedir que les otorgue una ampliación del amparo.

Julio César Márquez, padre de Yeyé, comentó que el juez se comprometió a seguir actuando conforme a derecho y transparentemente y a considerar el clamor social.

Dijo que alrededor de 12 padres son los que estuvieron presentes.

Señaló que en base a lo que les explicó el juez, existe la posibilidad de que se les niegue la ampliación del amparo pero que lo determinará el juez.

RECOMIENDA ABOGADO ANALIZAR PROPUESTA DE GOBIERNO

El abogado de algunos de los padres de las víctimas de la guardería ABC, Lorenzo Ramos Félix, dijo que se necesita analizar a fondo el ofrecimiento de  indemnización que ofrece el Gobierno del Estado, pero que condiciona que le cedan el derecho a demandar.

Indicó que no se puede decir nada del ofrecimiento porque no han recibido ningún documento.

En el caso de lo ofrecido hace quince días por el IMSS, se advierten trampas legales.