No se trata de un asesino en serie, se refiere a la preocupación de una familia entera, por la inminente, según ellos, salida de un quincuagenario presunto violador.

No sé qué juez tendrá el caso de Eusebio López Márquez, pero desde aquí hacemos un llamado a actuar con más que responsabilidad.

Un hombre en edad de abuelo que manosea a niños y niñas no está bien de su cabeza, y si esta vez no logró cometer una violación, en la próxima sí lo hará.

Además de la impotencia que esa libertad generará en los afectados, también existirá el temor entre ellos, pues el violador es de la misma familia, el denunciante es hijastro, las víctimas sus nietos políticos.

¿Pero qué se puede esperar de un hombre, que a decir de sus mismos familiares, hasta practica la zoofilia?, la respuesta es: ¡Todo!, y hasta un poco más.

Al parecer el juez está estudiando el caso y no ha encontrado elementos suficientes para mantenerlo en prisión, pues sólo se le pudo probar lo de los abusos deshonestos, mas no la violación equiparada.

Al paso que se va, al rato volverá a imperar la ley del viejo oeste, ya que las leyes actuales parecen beneficiar a los delincuentes; en fin, los afectados tienen la palabra, conste, no los estoy invitando a realizar un delito.

Graves acusaciones...

En un semanario que se edita en la ciudad de Agua Prieta y que lo hacen circular por todo el Estado de Sonora, se publica una nota donde acusan al subdelegado del Cisen y al encargado del Grupo BETA.

Rafael Hernández Meza y Jorge Vázquez Oropeza son señalados de prácticamente asaltar a connacionales y afectar también a la gente trabajadora.

La denuncia es grave y anónima, por lo que los mismos involucrados deben pelear porque esto se esclarezca, sea verdad o mentira.

Es la primera vez que un empleado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es señalado de delitos considerados como graves, por lo que el evento toma relevancia.

También lo del BETA está de pensarse, pues por principio de cuentas es un grupo que nació para proteger a los migrantes, no para afectarlos en su largo peregrinar. En fin, serán otras las instancias las que investiguen lo que hay que aclarar, por lo pronto Rafael Hernández y Jorge Vázquez están en el ojo del huracán.

Los partes policiacos...

No sé si darme gusto o pesar el que cinco agentes de la Policía se hayan ido a preparar a Culiacán, Sinaloa, pues entre uno de los temas está la elaboración de los partes policiacos.

Los policías no necesitan de clases para hacer los partes informativos, sólo basta que se centren en la realidad y no andar inventando situaciones ni “picando cebolla” para afectar más a los detenidos o para “emboletar” a terceras personas.

Es una lástima que por lo menos los medios de comunicación no puedan confiar en la veracidad de un parte informativo de la Policía Municipal, y la verdad no entiendo por qué los agentes del Ministerio Público sí lo hacen.

Para muestra basta un botón, hay un informe elaborado por los tripulantes de la unidad 2034, donde detuvieron a una persona en posesión de un vehículo Silverado modelo 2002 y placas de California.

El asunto aquí es que el parte informativo se convirtió en una confesión, una declaración de culpa, un fraude a empresas de Estados Unidos y muchas linduras más.

No es posible que los detenidos se echen solos la soga al cuello, no son tan idiotas, la verdad no sé cómo los Ministerios Públicos y el juez calificador en turno se creen todas las mentiras que echan los policías.

Tampoco no sé qué autoridad o quién castigará a esos policías que mienten en los partes informativos, mentiras en los que por lo menos LA PRENSA, ya no caerá.

Se ha dado el caso de que personas acusadas de delitos graves, están otro día por la mañana con el periódico en las manos, para desmentir los cargos inventados por los agentes.

Pregunta.-

¿Será cierto que en el caso del Silverado 2002, los policías pidieron 500 dólares para no incautar el vehículo?

P.D. ¿Usted lo cree?, ¡yo también!...

P.D. 2.- Como siempre… no acepto reclamaciones…